El general Pablo González, jefe del Cuerpo de Ejército de Oriente y de las Operaciones Militares de los estados de Morelos, México, Guerrero, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, en el uso de sus facultades extraordinarias, emite un decreto en contra de los bandoleros que asolaban el sur del país. Las medidas para la pacificación de estos estados establecieron que serían pasados por las armas inmediatamente: los bandidos identificados; todo individuo que ayudara directa o indirectamente a los zapatistas; las personas que fueran detenidas en caminos poco transitados y no tuvieran el salvoconducto expedido por el ejército nacional; las que transitaran por las vías del ferrocarril sin justificar su presencia; todos los que no se concentraran en los lugares que les hubiera ordenado el gobierno establecido; los que portaran un salvoconducto falso o no fueran la persona identificada. Sólo los comandantes militares de los estados, los jefes de operaciones y destacamentos y los presidentes municipales estaban autorizados a entregar los salvoconductos a la población civil. Se reiteró que aquellos individuos que no tuvieran el salvoconducto serían fusilados en el acto.

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