Pastor Rouaix, secretario de Fomento del gobierno constitucionalista, informó que todas las concesiones otorgadas por el gobierno usurpador de Victoriano Huerta habían sido canceladas al igual que los contratos. Entre las concesiones anuladas, que habían causado serios perjuicios al patrimonio nacional, estaba la de la Compañía de Tlahualilo, otorgada el 28 de abril de 1913, así como la de la Compañía Algodonera e Industrial de La Laguna, propiedad de la familia Lavín. Los terrenos y las obras de irrigación de esas concesiones pasarían a ser propiedad de la nación.

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