El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, expidió el decreto en el que se declaran nulas y sin valor las leyes o disposiciones que hayan dictado o dicten los gobernadores interinos de los estados en materia de minería; petróleo; comercio; instituciones bancarias; bosques; terrenos nacionales; ejidos; aguas de jurisdicción nacional, y pesca en aguas territoriales. Así como la organización del trabajo en las industrias, competencia de la Secretaría de Fomento. Con esta medida se buscaba que el gobierno constitucionalista preservara la riqueza nacional y fomentara la inversión en beneficio de las regiones y los sectores productivos.

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