Los servicios de electricidad, agua potable, tranvías, coches, carretas, fueron suspendidos en la capital del país, así como la venta de tortillas y pan. Las fábricas y talleres tuvieron que interrumpir sus trabajos. No hubo tampoco periódicos.

El Primer Jefe puso en vigor la Ley del 25 de enero de 1862, en la que decretaba la pena de muerte para quienes incitaran a la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas destinadas a prestar servicios públicos.

 

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