La Constitución de 1857, en su artículo 28, señalaba que no se permitían los monopolios, estancos ni las prohibiciones para proteger a una industria. No obstante,   el gobierno de Porfirio Díaz había promovido la inversión extranjera y su inclinación a favorecer los intereses externos había sido una de las principales causas de la revolución.

Al triunfar la revolución encabezada por Francisco I. Madero las compañías y los gobiernos extranjeros vieron amenazados sus intereses económicos y ejercieron presiones sobre el gobierno maderista. El caso más pernicioso fue el del embajador estadounidense Henry Lane Wilson, quien formó parte del complot de los grupos conservadores para derrocar al presidente Madero y fue el artífice del Pacto de la Embajada, en el que Félix Díaz y Victoriano Huerta se pusieron de acuerdo para terminar con el gobierno de Madero y formar un gobierno militar de restauración de los privilegios de la dictadura porfirista.

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